La Hermandad Obrera de Acción Católica de las diócesis de Orihuela-Alicante, Valencia y Segorbe-Castelló, movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos, ha presentado las conclusiones de la primera parte de su campaña ‘Por un contrato social para afrontar el futuro del trabajo’, en la que ha analizado la situación de empobrecimiento, desigualdad y deshumanización de un mercado laboral afectado por la pandemia.
En el documento, compartido con los medios de comunicación diocesanos y con las organizaciones sindicales, denuncian que la crisis sigue ensanchando la brecha de la pobreza y descartando a un 20% de la sociedad que está en la exclusión. Aseguran que cada vez nos encontramos con más situaciones de precariedad que se están normalizando: “empresas que contratan a media jornada y pagan en negro las horas extra; sueldos por debajo de lo que fija el convenio; economía sumergida, especialmente en el calzado, el empleo doméstico, la agricultura o la hostelería”.
Además, los incrementos de productividad, alcanzados gracias a la tecnificación, han provocado una menor necesidad de mano de obra y la bajada de los salarios para los trabajos menos cualificados. En este tiempo de covid, la caída en la ocupación en el sector servicios, especialmente en el turismo, ha puesto de manifiesto las debilidades de la economía valenciana, demasiado dependiente de un sector. También ha mostrado la fragilidad de nuestro modelo de cuidados, feminizado y gratuito. Los recursos de apoyo, que hasta el momento eran los abuelos, las abuelas y las escuelas, se vieron fuertemente afectados por el confinamiento, lo que hizo más evidente la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo. La consecuencia para las mujeres ha sido una mayor sobrecarga de trabajo que termina afectando a su salud.
Para la HOAC, las reformas laborales acaecidas durante estos años han conformado un mercado de trabajo sustentado en cuatro pilares: temporalidad, flexibilidad, competitividad vía costos laborales y debilidad de la negociación colectiva. Por eso exigen al Gobierno la derogación de la de 2012 y la aprobación de un nuevo Estatuto que otorgue derechos y dé cobertura los cambios que se están produciendo. Asimismo, demanda una reforma impositiva, como herramienta fundamental para logar una mayor inclusión y equidad. “El desequilibrio en la participación de la riqueza, que ocasiona una gran fractura social y un aumento escandaloso de las desigualdades, solo puede ser revertido desde lo público”, reza el documento.
Aseguran, sin embargo, que esta pandemia “también nos ha enseñado que la vida es algo más que consumir, nos ha mostrado el valor del cuidado, así como la urgencia de un Estado fuerte que no deje a nadie atrás. Nos ha hecho experimentar con medidas creativas que parecían inimaginables, como cerrar más pronto los comercios o contrarrestar la cultura del presentismo laboral”.
Recogen las palabras del papa Francisco en la encíclica Laudato si’, de las que entienden que la Iglesia debería hacerse un mayor eco: “Es urgente cuidar la casa común y la familia humana, con especial atención a las personas pobres y a la fragilidad del planeta”, retos que están íntimamente vinculados porque instan al cuidado de la vida para poder construir el mundo desde la fraternidad.
Para ello, destacan en las conclusiones de la campaña que son necesarios trabajos decentes “que nos permitan tiempo libre, ocio, descanso, la posibilidad de cultivarnos, de formarnos, de trabajar por los demás. Medidas que deben combinar un cambio cultural, legislativo y en la negociación colectiva”, por lo que instan a los poderes públicos y a los sindicatos a dar pasos en ese sentido.
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