Esta semana ha tenido lugar la constitución de la Fundación para la Conservación y Mantenimiento del Patrimonio en la Diócesis de Orihuela-Alicante, de la Comunitat Valencia. Fue en un acto firmado ante notario en el que estuvieron presentes los patronos que van a formar parte de la misma: el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante como presidente, el vicario general como vicepresidente, el canciller como secretario y el ecónomo como tesorero. Contaría además con cuatro vocales: el presidente de la Comisión de Bienes Culturales, el director de la Comisión del Patrimonio Organístico, el delegado de Liturgia y el presidente de la Comisión para la Cultura.

Esta entidad, de carácter cultural y sin ánimo de lucro, estará bajo la tutela del Protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana y desarrollará sus actividades principalmente en el territorio de la Comunidad Valenciana y, preferentemente, en la provincia de Alicante. Y tiene como fines promover la conservación, restauración, investigación y difusión del patrimonio de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Es por ello que entre sus actividades principales destaca la conservación y restauración de cualquier clase de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Incluyendo este los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico, el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional.

Junto a la conservación y al mantenimiento del patrimonio histórico y artístico de la Diócesis, otro objetivo central es la promoción y divulgación de dicho patrimonio, teniendo la intención de implantar nuevas tecnologías con el fin de que pueda ser conocido y apreciado por un mayor número de personas en la Diócesis de Orihuela-Alicante y fuera de ella.

Se buscará también la colaboración con entidades universitarias y culturales de ámbito nacional e internacional, del sector privado empresarial y administraciones públicas que trabajen en la defensa, respeto y protección del Patrimonio Cultural.